El procedimiento de inspección tiene un plazo máximo de 18 meses, pero superarlo no determina su caducidad. La consecuencia es que las actuaciones realizadas hasta ese momento pierden su efecto de interrumpir la prescripción.
Como ya sabrá, el procedimiento de inspección tributaria no puede prolongarse indefinidamente. La Ley General Tributaria fija, con carácter general, un plazo máximo de 18 meses para su desarrollo. Sin embargo, en la práctica hay inspecciones que lo superan, y es frecuente que el contribuyente se pregunte qué efecto tiene ese retraso. ¿Se anula el procedimiento? ¿Prescribe la deuda? ¿Puede la Administración seguir actuando?
La respuesta no es la que muchas personas esperan. Superar el plazo no extingue la inspección, pero sí tiene consecuencias sobre la prescripción y sobre el tiempo de que dispone la Administración a partir de ese momento.
- Atención. Si su empresa o usted mismo es objeto de una inspección que lleva más de 18 meses, conviene revisar con detalle las fechas de inicio, de reanudación y de notificación de las actuaciones. Cada una puede ser determinante.
El plazo máximo de 18 meses y la ausencia de caducidad
El artículo 150.1 de la Ley General Tributaria (LGT) establece un plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses, contado desde la notificación de la comunicación de inicio.
El incumplimiento de ese plazo no determina la caducidad del procedimiento. Las actuaciones continúan hasta su terminación. Es una diferencia importante con otros procedimientos tributarios en los que el vencimiento del plazo sí provoca el archivo.
Pérdida del efecto interruptivo de la prescripción
La consecuencia que sí establece la ley, en su artículo 150.6 LGT, es que las actuaciones desarrolladas hasta que se supera el plazo pierden su efecto interruptivo de la prescripción. Esto significa que ese tiempo no sirve a la Administración para impedir que corra el plazo de prescripción de su derecho a liquidar, que con carácter general es de 4 años.
Debe distinguirse entre ambos planos. La inspección sigue viva, pero la Administración ya no puede apoyarse en las actuaciones anteriores al vencimiento para sostener que la prescripción quedó interrumpida. Hay que analizar entonces si el derecho a liquidar continúa vigente y si actuaciones posteriores han producido un nuevo efecto interruptivo.
- Atención. Calcular la prescripción exige reconstruir qué actuaciones interrumpieron el plazo y cuáles dejaron de hacerlo. Es un análisis que conviene realizar con documentación completa.
Reanudación formal y nuevo plazo de 18 meses
Una vez superado el plazo máximo, la Administración puede reanudar formalmente las actuaciones mediante un acto con eficacia interruptiva de la prescripción. El criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) es que, desde esa reanudación, la Administración queda sometida de nuevo al plazo máximo de 18 meses para desarrollar las actuaciones y notificar la liquidación.
La reanudación no le permite, por tanto, continuar sin límite temporal. Dispone de un nuevo plazo, y la liquidación solo será válida si se notifica antes de que transcurra. Este criterio se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
- Atención. Para producir efecto, la comunicación de reanudación debe ser clara. Debe identificar los conceptos y períodos objeto de comprobación y poner de manifiesto la voluntad de continuar el procedimiento.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 29 de septiembre de 2026 analiza un caso en el que se discutía si la superación del plazo de 18 meses impedía continuar la inspección y si la reanudación abría un nuevo plazo. Las fechas relevantes fueron las siguientes.
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Fecha |
Hecho |
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12 de junio de 2018 |
Notificación de la comunicación de inicio de la inspección |
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12 de diciembre de 2019 |
Vencimiento del plazo inicial de 18 meses |
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23 de diciembre de 2019 |
Notificación de la comunicación formal de reanudación |
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14 de marzo a 30 de mayo de 2020 |
Suspensión de plazos por la emergencia sanitaria, con reanudación del cómputo el 1 de junio |
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17 de junio de 2020 |
Se acuerda mantener la propuesta y abrir el trámite de alegaciones |
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2 de junio de 2021 |
Se dicta la liquidación definitiva |
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7 de junio de 2021 |
Se notifica la liquidación definitiva |
El Tribunal entendió que la comunicación de reanudación tenía eficacia interruptiva, porque identificaba con claridad los conceptos y períodos comprobados y mostraba la voluntad de continuar. Tuvo en cuenta también la suspensión de plazos por la COVID-19 al contar la duración de las actuaciones posteriores. Concluyó que la liquidación se había notificado dentro del nuevo plazo de 18 meses y confirmó su validez.
Elementos que pueden alterar el cómputo
El cálculo de los plazos no depende solo de las fechas de inicio y de notificación. Puede verse afectado por situaciones como estas.
- Las suspensiones de plazos previstas legalmente, como la derivada de la emergencia sanitaria de 2020 que se tuvo en cuenta en el caso analizado por el TEAC.
- Los períodos en que las actuaciones se interrumpen o se extienden por causas imputables a una u otra parte.
- La forma y la fecha en que se notifica cada actuación relevante.
¿Qué puede comprobar el contribuyente?
Si ha sido objeto de una inspección de duración prolongada, conviene revisar los siguientes extremos.
- La fecha de notificación de la comunicación de inicio y la fecha en que vencía el plazo de 18 meses.
- Si hubo suspensiones de plazo y cuál fue su duración.
- Si la Administración notificó una comunicación de reanudación formal, cuándo y con qué contenido.
- Si la liquidación se notificó dentro del nuevo plazo de 18 meses que se abrió con la reanudación.
- Si, a la vista de todo ello, ha podido prescribir el derecho de la Administración a liquidar.
Atención. Las alegaciones sobre duración y prescripción deben plantearse en los recursos y reclamaciones que procedan. Conviene analizar con antelación los plazos para interponerlos.
Actuaciones recomendadas
- Reunir todas las comunicaciones y notificaciones del procedimiento, con sus fechas de recepción.
- Elaborar un cronograma que recoja el inicio, el vencimiento del plazo inicial, las reanudaciones, las suspensiones y la notificación de la liquidación.
- Verificar el contenido de cualquier comunicación de reanudación y si identifica con claridad los conceptos y períodos.
- Comprobar si la liquidación se notificó dentro del nuevo plazo máximo.
- Valorar si existe prescripción y la conveniencia de alegarla.
- Revisar la versión de la norma aplicable según la fecha de inicio del procedimiento.
- Vigilar los plazos para recurrir la liquidación.
- Consultar con el despacho antes de adoptar cualquier decisión sobre el procedimiento.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.